La Guerra Civil Española: historia, verdad y perspectiva sociológica

 ¿Por qué aproximarse, casi setenta y cinco años después de su estallido, al estudio de la Guerra Civil Española? ¿Qué sentido tiene ese “eterno retorno” que, cada aniversario en formato de cifra redonda, trae al primer plano del debate nacional las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos? En mi opinión, es así porque se trata del hecho definitorio de nuestra Historia Contemporánea.

Para las generaciones del mundo occidental la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento en torno al que, en palabras de Eric. J. Hobsbawm, gravita la historia del “corto siglo XX”: en el se catalizan las tensiones acumuladas durante la segunda industrialización y la fase imperialista del capitalismo, no resueltas por la Gran Guerra de 1914-1918, y agravadas por la revolución bolchevique, la gran depresión y el ascenso de los sistemas fascistas; y, así mismo, sus consecuencias se proyectan durante las dos siguientes generaciones, en forma de bipolarización de las superpotencias, emancipación colonial y desgarramiento de la conciencia moral (por efecto de la brutal evidencia del Holocausto e Hiroshima) de un Occidente que había albergado en el siglo XIX una ilimitada fe en el Progreso.

En nuestro caso, ese acontecimiento fundamental, ese “lugar de memoria” en el que se anudan las contradicciones nacionales y del que se derivan consecuencias de larga duración temporal es la Guerra Civil Española. La premisa básica de mi intervención es que la Guerra Civil es el resultado del fracaso histórico de un proceso de modernización iniciado en los albores de nuestra Historia Contemporánea.

Hoy, diversas interpretaciones pseudohistóricas, de índole revisionista y estrechamente ligadas a proyectos políticos de ideología neoconservadora han dado en situar el comienzo de la guerra civil en la insurrección de Asturias de octubre de 1934. Antaño, la fecha crucial era la del asesinato del “protomártir de la Cruzada”, Calvo Sotelo, hasta que los estudios documentados sobre los orígenes de la trama golpista remontaron los movimientos conspiratorios a los mismos días del triunfo electoral del Frente Popular. Una vez cogido vuelo, la publicística debeladora de la Segunda República ha intentado deslegitimar su origen, cuestionando las elecciones municipales de abril del 31; o acusando de golpista al Comité republicano de San Sebastián; o ha intentado rescatar la figura de Alfonso XIII como la de un monarca liberal doctrinario al uso; o, en última instancia, ha retomado el viejo discurso reaccionario para denunciar la existencia de una “izquierda jacobina” radical, que recuerda los viejos argumentos de los manuales franquistas que calificaban el siglo XVIII como una época “decadente, extranjerizante y dada a la sensualidad, en la que las clases aristocráticas gustaban de las aves exóticas, los monos domésticos y los esclavos negros” y al XIX como el principio de una era de conflictos civiles instigados por los “tradicionales enemigos de España”, empezando por la masonería.

Si lo que queremos es situar la Guerra Civil en un contexto explicativo de “larga duración” (tal como conceptuaba la Escuela de Annales), digamos entonces que comenzó… en 1814. Tras una guerra de liberación en la que la Nación -ajena a la verdadera entidad de la cesión de soberanía hecha por sus monarcas en Bayona a favor de los Bonaparte-,  tuvo que reconstruir el Estado sobre bases nuevas, de abajo a arriba, dotándose de una Constitución política, la promulgada en Cádiz en 1812, asistimos a la formación de un bloque social cuyo programa se definía por la modernización de las estructuras del país, abortada por el cierre de fronteras ante el temor del contagio revolucionario francés después de 1789. Este bloque estaría integrado por la burguesía y las clases medias urbanas, un sector de la oficialidad del Ejército (el surgido de las filas de la guerrilla) y el proletariado agrícola e industrial del Sur.

Frente a él, se conformó otro bloque enfrentado al programa de modernización, integrado por quienes tradicionalmente habían detentado el poder (la aristocracia, la oficialidad “de casta”, la oligarquía terrateniente y la iglesia), o quienes temían que los cambios aparejados al desmantelamiento del Antiguo Régimen acabaran con su modo tradicional de vida, como el pequeño campesinado propietario y arrendatario de las regiones del Norte y Levante.

Se puede constatar, desde entonces, la existencia de una secuencia cronológica de impulsos democráticos, sistemáticamente contrarrestados por frenazos involucionistas: El “trienio liberal” de 1820-1823, liquidado por la intervención de la Santa Alianza a instancias de Fernando VII;   la consolidación de Isabel II gracias al apoyo liberal progresista (1836-1844), pronto contrarrestado por el apoyo de la reina a la facción moderada del liberalismo conservador;  la breve experiencia del “bienio progresista” (1854-1856), liquidada por el pronunciamiento militar de los “espadones” –en la lógica de un papel intervencionista del Ejército que se convertiría en una constante de la política interior española durante más de un siglo-;   el breve, pero muy intenso, periodo del “sexenio democrático”  (1868-1874), primera revolución plenamente democrática de la historia española, durante la que se ensayan tres iniciativas novedosas, que quedarán inscritas como piedras de toque para la evaluación de iniciativas democráticas posteriores: desde la posibilidad de una monarquía constitucional sin Borbones, hasta la de una República Federal, con un modelo de organización territorial descentralizada por primera vez desde los Decretos de Nueva Planta de Felipe V.

Reinjertada gracias a un nuevo golpe de estado militar, el de Martínez Campos, la monarquía borbónica impondrá su férula conservadora mediante el sistema de la Restauración, basado en un bipartidismo oligárquico inmune a la desestabilización en un sentido progresista gracias al recurso sistemático al falseamiento del sufragio mediante la eficaz herramienta del caciquismo. Cuando, a partir de 1917, la irrupción de las organizaciones de masas, el desarrollo de la urbanización y el desenvolvimiento de un clima de opinión pública se conjuguen para reclamar responsabilidades por los desastres militares en África, limpieza electoral y verdadera alternancia democrática, el Ejército, de nuevo –erigido en auténtico “partido en armas” del bloque oligárquico de poder-, recuperará el control de la situación en  1923.

 Solo unos años después, las circunstancias se confabularán para provocar la llegada a un momento excepcional de cambio histórico, caracterizado por el desplazamiento casi total del viejo bloque dominante: será la ocasión de la Segunda República, en  1931. De cómo se resolverá la situación hablaré más adelante, pero la fecha de culminación es conocida.

Se trata, por lo tanto,  de un proceso de larga duración, en el que se confrontaron pares de tendencias y concepciones antagónicas:

          La urbanización frente a la ruralización.

          La industrialización frente a la economía de base agraria arcaica (basada en el predominio del monocultivo extensivo de secano)

          La apertura exterior frente a la autarquía y el aislamiento cultural.

          La reforma social frente a la pervivencia de los mecanismos tradicionales de dominación (caciquismo, relaciones semifeudales…)

          El laicismo y la apuesta por la educación frente a la confesionalidad y el oscurantismo.

          El federalismo y la autonomía local frente al centralismo.

          La Democracia (los derechos y garantías individuales, los derechos colectivos, el sufragio universal…) frente a la Oligarquía (las restricciones gubernamentales, la censura previa, el predominio de la seguridad sobre la libertad, el sufragio censitario…)

          La Revolución (incluida la democrático-burguesa) frente al conservadurismo y la  Reacción.

Lógicamente, el proceso entre ambos bloques, dilatado en el tiempo, fue acompañado de una evolución de sus expresiones políticas: Ilustrados y liberales contra absolutistas y carlistas; Progresistas contra Moderados; Demócratas y republicanos frente a  liberales-consevadores; Socialistas, anarquistas y nacionalistas, versus católicos-corporativistas, reaccionarios y fascistas. Pero, independientemente de los colores que tomen sus banderas, los problemas de fondo  que desembocaron en el desencadenamiento del gran conflicto español contemporáneo tenían una etiología que venía de antiguo:

  • Problemas sociales (agrarios, urbanos e industriales): Destacaban entre ellos la falta de una auténtica “revolución agraria” en el siglo XIX. No solo no se había entregado tierras a los campesinos, ni creado una clase de pequeños propietarios agrarios (como en la Francia napoleónica o en la Gran Bretaña protoindustrial), si no que los procesos de desamortización –realizados mediante el sistema de subasta y no el de reparto, o con préstamos públicos a bajo interés y largo plazo-  polarizaron los regímenes de propiedad (minifundio/latifundio) y perpetuaron los regímenes de dominación y abusos. Por otra parte, la tardía industrialización contribuyó a la dispersión geográfica del proletariado industrial, focalizado en determinas zonas (Barcelona, Asturias, Vizcaya…) con culturas políticas diversas, en las que destacaba la tendencia al activismo (el anarquismo) y una endémica debilidad teórica (el socialismo).
  • Problemas territoriales: El desarrollo de los nacionalismos periféricos fue, entre otras cosas, resultado de  la débil nacionalización española del siglo XIX, consecuencia de la práctica inexistencia de una escuela pública (al contrario de lo que ocurría en la Francia de la IIIª República) capaz de uniformar la formación ciudadana, y la carencia de un impulso catalizador del sentir nacional hacia empresas expansionistas en el exterior, tal como ocurría en el resto de las potencias colonialistas europeas de la época. Igualmente, no hay que dejar de lado las consecuencias del desigual desarrollo que, desde la época medieval, había trazado una profunda divisoria entre un centro peninsular agrícola, arcaico, feudalizante y prácticamente autárquico, y una periferia innovadora, protoindustrial, abierta al mar y al  intercambio comercial capitalista.
  • La tendencia al pretorianismo: La continua intervención militar en la política interior venía dada por la consideración del ejército como un poder autónomo, autolegitimado para el sostenimiento del orden público y el mantenimiento de la unidad territorial. Como ya dije anteriormente, una vez superadas sus veleidades liberalizantes de la primera mitad del siglo XIX, el ejército fue el autentico “partido en armas” del bloque oligárquico de poder.
  • El peso del trono y el altar: La intromisión de la iglesia católica en la vida política y su peso en la sociedad era un factor retardatario de la modernización nada desdeñable. Tampoco lo era el papel aglutinante de la corona como argamasa que mantenía adheridos a amplios sectores ultraconservadores al régimen liberal, confiados en el papel intervencionista de la monarquía –contemplado por prácticamente todas las constituciones del periodo, a excepción de la de 1869- para garantizar su hegemonía.

Es sobre estos elementos estructurales sobre los que  actuará la coyuntura de los años 30, caracterizada por la existencia de una sociedad joven, en vías de urbanización e industralización, políticamente organizada e ideológicamente radicalizada; y un contexto internacional crítico (el crack del 29) y polarizado entre fascismo y bolchevismo.  En ese marco se asiste al primer desplazamiento casi íntegro del bloque de poder tradicional en la historia española contemporánea, unido el despliegue de un programa reformista de profundo calado, y sin que, en esta ocasión, se pudiera recurrir a la capacidad de bloqueo que garantizaba la corona, ni al factor protector de la influencia eclesiástica sobre el poder civil, lo que, unido a  la brutalización de la política en el primer tercio del siglo XX, convirtieron a la Guerra Civil española en el punto nodal donde se entrelazan todos estos conflictos del siglo anterior, cuyas consecuencias se rastrearían al menos durante la siguiente media centuria posterior.

Si “toda la Historia es Historia Contemporánea”, por la reinterpretación que cada generación hace de ella, la Guerra Civil seguirá alimentando continuos procesos de relectura, en la medida en que su interpretación política no está, ni mucho menos, clausurada.

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