1917 en perspectiva.

   Cualquier alumno de Historia de 2º de Bachillerato sabrá relatar, a estas alturas del curso, en qué consistió la crisis de la Restauración. Recordemos: un régimen político instaurado en 1874 por el pronunciamiento del general Martínez Campos, que devolvió el trono a los Borbones en la persona de Alfonso XII y se legitimó mediante una constitución, la de 1876, con pretensiones de perdurable. No es irrelevante señalar el origen: un golpe militar. Cuando desde algunos ámbitos se vuelcan dicterios contra las dos Repúblicas, por anárquica la Primera y por radical y violenta la Segunda, conviene no olvidar que ambas se fundamentaron en bases democráticas: en una proclamación por parte del órgano depositario de la soberanía popular, en 1873, y por unas elecciones municipales devenidas en auténtico plebiscito sobre el régimen, en 1931.

En contra de los sostenido por los turiferarios reales, los Borbones, esa dinastía de fijos-discontinuos que han transitado por nuestra jefatura del Estado durante los últimos tres siglos, no pueden blasonar de idénticas credenciales. El primero, Felipe V, accedió a la corona mediante una guerra civil; Fernando VII engañó por tres veces a su pueblo y dos a sus Cortes, y recurrió a un ejército invasor para recuperar su poder absoluto; Alfonso XII llegó por efecto de un cuartelazo; Alfonso XIII no dudó en ampararse en la Dictadura para rehuir sus responsabilidades en los grandes desastres nacionales y, ya en el exilio, prestó apoyo a sus correligionarios en afán de conspiración para derribar a la República; Juan Carlos I, por último, fue designado a título de sucesor por Franco en 1969. A cada uno, lo suyo.

Es sabido que el régimen de la Restauración se basó en la colaboración de dos fuerzas políticas, conservadores y liberales, que dotaron de estabilidad al sistema mediante el turno pactado en el poder. Así, a un gobierno de los representantes de la oligarquía latifundista, proteccionista y ultracatólica le sucedía un gabinete de defensores del librecambio, de la burguesía urbana y de la retórica laicizante. Dos caras de una misma moneda fundida sobre un principio fundamental: la defensa de la dinastía. Y así, al compás de un rigodón gubernamental predeterminado, se sucedieron unos y otros, conservadores y liberales, liberales y conservadores, colonizando por turno la administración del Estado con sus partidarios, sin más altercados que los roces entre sus jefes territoriales, los caciques, y sus redes clientelares en los inevitables momentos en que había que ejercer un voto desnaturalizado por la corrupción y el pucherazo.

Y así fue durante más de un cuarto de siglo. Parecía haberse encontrado el bálsamo de Fierabrás contra las guerras civiles, las revoluciones y las asonadas que habían asolado el siglo XIX. La del 76 era la constitución más longeva de todas las alumbradas hasta entonces. El mecanismo electoral funcionaba como un reloj. Que España fuese una potencia en declive embarcada en delirios coloniales muy superiores a su capacidad militar, una economía dual lastrada por el fardo de una agricultura retardataria, una sociedad polarizada y políticamente oligárquica no importaba. El turno, con su tic-tac predecible, amortiguaba todas las tensiones.

Pero en 1917 las cosas habían cambiado. La industrialización se había afianzado en País Vasco y Cataluña, con sus consecuencias dinamizadoras. Nuevos agentes se sumaron al escenario político. Unas burguesías que juzgaban insatisfactoriamente gestionados sus intereses por los gobiernos centrales. Unas clases medias urbanas que aspiraban a unas libertades constreñidas por el lastre del clericalismo y la estrechez intelectual y moral derivada del peso de la opinión de las provincias levíticas. Un proletariado que había aprendido a organizarse, a luchar e incluso a conseguir sus primeras reivindicaciones. La corácea armadura del régimen comenzó a agrietarse. Primero se perdió Cataluña. La torpeza de los gobiernos centrales, fiel reflejo de la visión alicorta de un sector conservador con una visión patrimonial de la nación, empujó a la representación catalana fuera del sistema. Se perdió a los sectores más dinámicos de las clases medias urbanas, a los intelectuales frustrados por el fracaso de los proyectos de regeneración, a los que consideraban como una burla intolerable el reparto del poder y sus canonjías mediante un mecanismo corrompido hasta la médula. Se marginó a un movimiento obrero al que se negó capacidad de interlocución y al que se combatió mediante el estado de guerra, la cuerda de presos y la ley de fugas.

1917 fue el fin del mundo pergeñado por el sagasto-canovismo. Todos los descontentos confluyeron en la huelga general de agosto que vehiculó la reclamación de un cambio político profundo. El régimen no supo responder de forma distinta a la que conocía: pólvora y penales. Le dio igual: fue el principio del fin. El problema catalán se enquistó definitivamente. La falta de diálogo en lo social derivó en la formación de grupos de acción que recurrieron a la violencia frente a la violencia ejercida por la patronal. Los antagonistas de opereta, conservadores y liberales, no pudieron ya nunca más gobernar solos. Tuvieron que coaligarse para tapar las grietas que se abrían en un sistema que amenazaba ruina, hasta que el edificio se desplomó definitivamente en 1923. El derrumbe les sorprendió encadenados entre sí al puntal que sustentaba la tramoya. La inmaculada constitución que había garantizado la perdurabilidad dinástica no impidió que el rey la arrojara a la basura cuando lo creyó oportuno para sus intereses. Los representantes de la vieja política se dieron cuenta demasiado tarde de su error. Algunos, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Osorio y Gallardo, se hicieron republicanos. Pero ya era la hora de otros protagonistas. El viejo bipartidismo no sobrevivió al colapso del régimen al que tanto y tan bien había servido.

La Historia, pese a lo que sostenían los clásicos, no es un manual de instrucciones para el presente. Pero, al revelarlos, permite conocer los errores cometidos en el pasado. A partir de ahí, cada uno verá.

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